Por Bernardo Javalquinto
Economista
bernardo@javalquinto.com

Las privatizaciones deben realizarse asegurando su beneficio para la sociedad, pues son parte del patrimonio social de un país.

Bajo el actual contexto de la globalización esto debería ser imposible o por lo menos no debiera darse, porque ésta opera en directo beneficio de las transnacionales.

Antes debe alcanzarse una sociedad abierta y democrática para asegurar que las privatizaciones beneficien a la sociedad en su conjunto y no sólo a grupos privilegiados.

Desde el punto de vista de las privatizaciones de empresas estatales y bajo la luz de una economía abierta y de la sociedad se debería apoyar las privatizaciones cuando estas sean llevadas a cabo correctamente, para lograr mejoras en crecimiento, empleo, niveles de vida, etc. Pero esto, sabemos por experiencia, no se logra.

Porque hay que llamar a una sociedad realmente democrática, sin matices grises. Aquella donde nadie es dueño de la verdad ni de la última palabra, pero en la que juntos podemos acercarnos a nuestros ideales sin llegar al conflicto. Es entonces, bajo este prisma que debemos mirar las cuestiones de la economía abierta y las privatizaciones en el más amplio contexto de la economía global.

Las privatizaciones en la era de la globalización, son parte del proceso de liberalización del mercado hacia el paradigma económico de "laissez faire" y son llevadas a cabo con la participación de corporaciones globales como los principales actores. Esta situación hace muy poco probable que aumente el bienestar general de la población. Esto es importante y no se puede bajar el perfil cuando se trata de desincorporar, por pequeña e insignificante que sea, una empresa que forma parte del patrimonio nacional, creada o adquirida con fondos de los contribuyentes, independientemente de la ineficacia y corrupción con que se haya manejado previamente o después de la privatización.

En la cultura actual de negocios, la rentabilidad se sustenta en costos operativos eficientes, de los cuales el más maleable es el costo laboral. Por lo que la reducción general de empleados y obreros es una estrategia de negocios de primera opción para cortar costos de operación de manera inmediata; ya que el objeto último, en esta era de cultura empresarial salvaje y global, es aumentar al máximo el precio de la acción pasando todo lo demás a ser irrelevante.

Esto se debe a que los directores de empresa son hoy en día evaluados y recompensados por los accionistas en función de qué tanto aumentan el precio de la acción. Es aquí en donde se centra toda la energía hacia la eficiencia. Nada más es importante, la avaricia pura es el único valor.

Los altos ejecutivos, en consecuencia, al exigirles los accionistas las máximas cotizaciones accionarias, no tienen ningún miramiento con los trabajadores. Así, las privatizaciones exitosas, generalmente con sólo reducir el costo laboral, generan riqueza. Pero, desde una perspectiva económica, éstas no generan una demanda agregada.

Como resultado, en una privatización, generalmente, no hay aumento en el bienestar de la población, no hay aumento en el nivel de vida y sí hay un claro decremento en el bienestar de aquellos que pierden sus empleos. Esto es todavía más evidente respecto al Tercer Mundo, porque el raciocinio estratégico y la primera motivación para invertir son lograr mayores utilidades en el plan global de negocios vía costos laborales del Tercer Mundo, dramáticamente más bajos en comparación con el Primer Mundo. A pesar de esto, es incuestionable que permanecer como una economía cerrada difícilmente generaría más bienestar para la sociedad.

El punto es encontrar un sendero donde la privatización beneficie a todos. Por ello, antes de embarcarse en una privatización total, debe asegurarse que ésta, como decía el paradigma original de Adam Smith, se convierta en la mejor vía para asegurar el "bienestar de todos los rangos de la sociedad".

Por otro lado, debemos tener claro que los gobiernos democráticos tienen como primera responsabilidad, precisamente, procurar el bien común. Por lo que hay un conflicto intrínseco entre la democracia y las corporaciones. (Eso porque las empresas aun no entienden que ellas también juegan un rol importante en la sociedad). Esto es importante, porque mientras sus objetivos van en dirección opuesta, ambas partes se necesitan mutuamente para obtener sus metas.

Las transnacionales necesitan ganar participación en el mercado global y asegurar aquellos factores de producción que residen en cada nación y cada nación necesita inversión directa con el objeto de lograr un nivel aceptable de justicia social. La única forma de reconciliar ambos intereses es alcanzando un balance mediante una política macroeconómica.

Esto se intentó al iniciar la posguerra a través del paradigma de John Maynard Keynes; basado en el concepto de la intervención del gobierno en la economía a través del gasto público para mantener la demanda agregada, el Estado de Bienestar y el pleno empleo, durante épocas de recesión.

Bajo este paradigma hubo treinta años de gran desarrollo económico, con un incremento sostenido en los niveles de vida. Después, por razones geopolíticas militaristas de los EE.UU. y por la negativa del G7 a la aceptación de términos de comercio equitativos con el Tercer Mundo, se generaron el disparo de los déficits presupuéstales, las dos crisis petroleras y el abandono de la disciplina requerida por el keynesianismo, provocándose así una prolongada recesión generalizada.

Aunando a esto, la combinación de decisiones de gestión económica incompetentes, vulneraron de manera terminal la estrategia de desarrollo de buena parte del Tercer Mundo, sumiéndolo en una profunda recesión. Pero fue particularmente la negativa estadounidense a detener sus aventuras militares, lo que generó un exceso de liquidez y una nueva enfermedad financiera: la inflación.

Así, por la decisión política de no observar la disciplina financiera, el keynesianismo llegó a su fin y se giró 180 grados a un segundo paradigma monetarista propuesto por el economista Milton Freidman, apoyado por Reagan y Thatcher.

Éste se basa en el manejo de la demanda agregada a través de un enfoque económico de oferta mediante la disminución de los impuestos, especialmente en los estratos altos de ingresos, el control del circulante y la baja de las tasas de interés. Esta visión hace también hincapié en regresar a la praxis económica clásica que implica la reducción de la intervención económica del gobierno al mínimo posible, abandonando la responsabilidad, inherente a gobiernos democráticos, de asegurar el bienestar de todos los rangos de la sociedad.

El bienestar de la sociedad, cínicamente se argumenta, es mejor atendido por la libertad de los individuos para buscar su propio interés individualmente, bajo lo que se llama la "mano invisible".

Así, esto generó la privatización sin ninguna responsabilidad social y se inició una fuerte oligopolización de industrias mediante fusiones y adquisiciones de todo tipo de empresas que no se ha detenido. Asimismo, la asistencia del Banco Mundial y el FMI fue condicionada a la adopción del paradigma neoliberal, también conocido como el Consenso de Washington; no como una opción, sino sistemáticamente impuesta en todos los gobiernos prestatarios sin importar lo que ellos o sus sociedades civiles opinen.

La justicia social se ha movido en la dirección opuesta; exacerbándose el nivel de concentración de la riqueza en los niveles más altos, en todas las economías capitalistas.

Los reportes Situación Laboral de EEUU 98-99 del Economic Policy Institute en Washington, y los Indicadores de Desarrollo 1998 del Banco Mundial, muestran tendencias de empeoramiento en la distribución de la riqueza en Estados Unidos e Inglaterra en forma mucho más acentuadas que en el resto del Primer Mundo. Más impactante aún es el hecho de que la peor distribución ocurre en Estados Unidos, por mucho, siendo que su vena de capitalismo es la menos regulada y la más salvaje.

En suma, el mundo se ha mudado de un keynesianismo humano, hacia un nuevo el paradigma neoliberal, reminiscente de la era de los monopolios mercantilistas de los siglos XVI, XVII y XVIII y del tiempo de la Revolución Industrial, producto de una versión perversa del liberalismo: el darwinismo social y la supervivencia del más apto. El verdadero liberalismo: la filosofía liberal británica y la ilustración de los enciclopedistas y Fisiócratas franceses fue una reacción a los monopolios mercantiles, pues su objeto era encontrar la mejor forma de lograr el bienestar de todos los rangos de la sociedad.

Esto incluye, especialmente, a Adam Smith y a John Stuart Mill, en contra de lo que pueda pensarse, quienes sentían un especial desprecio por los monopolios y pensaban en la figura de empresarios como cientos de miles de pequeños empresarios.

Así, la única forma de abordar el dilema de las privatizaciones en el contexto de la corporación global es mediante la redistribución de la riqueza bajo una lógica de negocios.

Las corporaciones deben ver la redistribución de la riqueza como una inversión a largo plazo, pues para sostener el crecimiento en el precio de la acción requieren un mercado siempre en expansión. Las perspectivas a largo plazo se ven muy negras; porque al mantener los salarios deprimidos, se está deprimiendo al conjunto de la demanda agregada. Por eso, la única forma de sostener su crecimiento es reinvirtiendo en su mercado, aumentando sueldos y salarios, no como un costo sino como una inversión a largo plazo.

Esto es un argumento de negocios perfectamente justificable, pero también existe una lógica económica en congruencia con el Consenso de Washington: los aumentos de sueldos y salarios no crean ningún déficit cuando se financian con inversión privada. Se trata de mover liquidez de un bolsillo a otro. La diferencia es que, mientras esta liquidez puede mantenerse varada con los accionistas en su toma de dividendos o con las corporaciones, con los trabajadores con seguridad sería consumida conforme aumentasen su calidad de vida, recirculándola al mercado.

Por encima de esto, existe un legítimo principio de democracia y justicia social que debe ser una demanda. ¿Por qué deben los trabajadores de las transnacionales en el Tercer Mundo ganar en general una décima parte o menos de lo que éstas pagan a sus trabajadores en el Primer Mundo por hacer exactamente el mismo trabajo con el mismo nivel de calidad? Ya que bajo la economía global, los productos de una empresa son vendidos generalmente al mismo precio en todas partes, ¿Por qué las transnacionales deben de obtener enormes ganancias en el Tercer Mundo a costa de sus trabajadores? ¿Por qué deben éstos subsidiar a sus mucho mejor pagadas contrapartes del Primer Mundo? Es una demanda muy legítima.

Si los obreros de la Ford en USA ganan $18 dólares/hora y en otros países sólo ganan $1.50 dólares/hora, ambos haciendo exactamente el mismo trabajo en el ensamble de un vehículo que va a ser exportado y vendido al mismo precio, ¿Por qué no puede Ford pagar a sus trabajadores en otro país, digamos, una tercera parte de lo que paga en USA y continuar gozando por un buen tiempo una enorme ventaja comparativa en costo de mano de obra? Cierto que homologar salarios en forma abrupta es imposible.

Pero conforme las transnacionales mejoren gradualmente sus compensaciones en el Tercer Mundo, la demanda agregada para sus productos también se incrementará y las empresas domésticas también tendrán que mantenerse competitivas en el mercado de trabajo.

Igualar salarios tomará al menos una generación. Pero esto es tanto una necesidad de justicia social, como una necesidad de negocios, como una necesidad de interés nacional para gobiernos democráticos, con el objeto de establecer un ritmo de progreso real y sostenible. Porque, actualmente, la prosperidad en el mundo es casi exclusiva de las transnacionales.

Felizmente, la economía es parte de una gran sombrilla político-social. Los poderosos se han impuesto sobre la mayoría de la sociedad civil en todo el mundo, porque la democracia no está funcionando. Los gobiernos traicionaron hace mucho el bien común vendiéndose a los centros de poder global. Y existe una decisión consciente y coordinada para mantener este statu quo. Tal y como en los tiempos coloniales de la era mercantilista, hay una asociación entre las transnacionales, sus gobiernos matrices, los gobiernos anfitriones y sus élites oligárquicas para mantener el orden establecido. Pero no existe ninguna lógica en absoluto defendible para que la eficiencia del mercado esté por encima de la justicia social.